30 de septiembre de 2025.
Ciudad Victoria, Tamaulipas. –
En un hecho sin precedentes en la vida democrática y judicial de Tamaulipas, este día se celebró la Sesión Pública, Extraordinaria y Solemne del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, en la cual 147 juzgadoras y juzgadores tomaron protesta para ocupar cargos en las diversas instancias del Poder Judicial del Estado, tras haber sido electos por el voto directo de la ciudadanía.
Este acto marca el inicio de una nueva etapa para el Poder Judicial del Estado, al consolidarse un modelo de justicia más abierto, participativo y representativo, alineado con las transformaciones democráticas que vive la entidad.
Las designaciones fueron a los cargos de Magistradas y Magistrados numerarios Magistratura supernumeraria, Magistradas y Magistrados regionales, Tribunal de Disciplina, Juezas y Jueces de primera instancia y Juezas y Jueces menores
Esta ceremonia de trascendencia para la justicia en Tamaulipas, contó con la presencia de representantes de los tres Poderes Estatales, el Gobernador Constitucional del Estado, el Doctor Américo Villarreal Anaya, el Diputado Humberto Prieto Herrera, Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado y el Magistrado Hernán de la Garza Tamez, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura.
Asimismo, asistieron presidentas y presidentes municipales, colegios y barras de abogadas y abogados, personal del Poder Judicial, familiares de los nuevos juzgadores, y miembros de la sociedad civil, quienes atestiguaron este acontecimiento
A partir del 1 de octubre de 2025, la magistrada Tania Contreras López asumirá la presidencia del Poder Judicial del Estado, convirtiéndose en la primera mujer en la historia de Tamaulipas que accede a este cargo por voto popular. Su elección, representa un avance en materia de igualdad de género y un reflejo del reconocimiento al liderazgo femenino en la impartición de justicia.
Actualmente, Tamaulipas se posiciona como una de las primeras entidades del país en implementar un mecanismo de elección popular de jueces y magistrados, con el objetivo de incrementar la legitimidad de sus resoluciones y su cercanía con la población.






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